MANIFIESTO DEL PSOE PROVINCIAL DE BADAJOZ CON MOTIVO DE LA INMINTENTE REFORMA DE LA LEY SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
El PSOE, considera necesario recordar que la promoción de la salud sexual es fundamental para la consecución de la salud y el bienestar, así como para alcanzar el desarrollo sostenible de toda la ciudadanía.
La salud sexual que defendemos integra varios derechos que se pueden agrupar en cuatro básicos:
– El derecho a la libertad, diversidad y salud sexual.
– El derecho a la información sexual y a la anticoncepción.
– El derecho a la maternidad libre y responsable, y a la interrupción voluntaria del embarazo.
– El derecho a la protección de toda persona a cualquier forma de violencia sexual y de género.
Las personas y comunidades que disfrutan del bienestar sexual están mejor preparadas para contribuir a la erradicación de la pobreza individual y social. Por tanto, la promoción de la salud sexual fomenta la responsabilidad individual y social, además de las relaciones equitativas e igualitarias, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la instauración de la paz.
Nos gustaría recordar que tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Asimismo, es importante tener presente que la actual Ley, aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Actualmente, el PP a través del Ministro de Justicia ha anunciado la inminente reforma sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
- La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
- Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
- Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.
Esta reforma hará que en España tengamos una ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo de las más restrictivas del mundo occidental y, así, será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.
Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, va a conseguir eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Con esta reforma lo único seguro es que quitan dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.
La reforma de este Gobierno nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.
La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.
En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el numero de IVEs; asimismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
Los y las Socialistas entendemos que no se debe legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no.
La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todo ello, las y los Socialistas MANIFESTAMOS:
Nuestra total indignación ante el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que supondrá la reforma de la ley, nuestra absoluta negativa a aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y a decidir sobre su maternidad y nuestro desacuerdo con el fondo argumental -retrógrado, manipulador e ideológico- por el que se quiere llevar a término esta reforma.